Por Regina Ardavín Castro
En los últimos días, el Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen mediante el cual, la Guardia Nacional, que se encarga de la seguridad pública, pasa a ser administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que está encargada de la seguridad nacional. Destaca que la votación general pasó con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, que, por cierto, fue de Ricardo Monreal (MORENA), presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado.
Dado a que la reforma legal en cuestión es anticonstitucional, tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver sobre su validez. Probablemente, en los treinta días posteriores a la publicación de la reforma, habrá alguna acción de inconstitucional promovida por los senadores y/o diputados que votaron en su contra. En ese sentido, cabe mencionar que ésta se refiere a un “recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía”, según el Sistema de Información Legislativa (SIL).
De qué trata la reforma en cuestión
Citando el dictamen final aprobado en lo general por el Senado, “se prevé una coordinación entre las diversas instituciones de seguridad para fortalecer un nuevo paradigma para pacificar al país, por lo que, consigna la tutoría de la Secretaría de la Defensa Nacional en el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública en México: la Guardia Nacional (GN), haciendo posible la coordinación operativa y funcional entre todas las instituciones de seguridad, a fin de eficientar los recursos, en beneficio de la seguridad pública para el pueblo de México.” (p.3)
Con este nuevo esquema, se difuminan las facultades en materia de seguridad pública, que corresponden a la Guardia Nacional, y las de seguridad nacional, que dependen de la SEDENA. Este cambio es justificado en el dictamen bajo el argumento de que “el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público, así como perseguir y combatir los delitos que se cometan en su jurisdicción. Para el cumplimiento de esta obligación, el Estado tiene el deber de implementar todas la herramientas, acciones y estrategias a su alcance.” (p.5)
Es preocupante que se piense que el Estado puede utilizar cualquier “estrategia” con el fin de “garantizar” seguridad para los ciudadanos, ya que evidentemente, si bien el Estado debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos, y éste es un fin loable, el fin no justifica cualquier medio. Las estrategias implementadas deben ser efectivas y eficientes, pero también deben estar apegadas al orden constitucional.
Dos conceptos básicos: seguridad nacional y seguridad pública
Para entender por qué el Ejército no debe estar en las calles, atendiendo cuestiones de seguridad pública, es importante partir de dos conceptos que es necesario diferenciar: la seguridad nacional y la seguridad pública.
Se entiende la seguridad nacional como una “condición indispensable para garantizar la integridad y soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”, según la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en mayo del 2019.
Según la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3°, ésta comprende acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven: proteger al país frente a riesgos y amenazas; preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; mantener el orden constitucional y la unidad de la federación, así como fortalecer las instituciones democráticas de gobierno; y preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político.
Por otro lado, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 21°, establece que la seguridad pública es “una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”. Ésta “comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. […] Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Como se observa en ambas definiciones, la seguridad nacional está abocada a proteger al Estado mexicano, para cuyo fin utiliza al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana. Mientras que, la seguridad pública, está enfocada a proteger a los civiles, es decir, a la ciudadanía, por lo cual, su naturaleza debe ser civil. Ésta se materializa a través de la policía, que a partir del 2019 se constituyó en la Guardia Nacional.
Sin embargo, en la versión vigente de la Constitución, en el artículo quinto transitorio de las reformas de marzo del 2019, se establece que, “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto (14 marzo del 2019), en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Si bien en la Constitución se contempla que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en materia de seguridad pública, en el texto se prevé que su intervención no supla a los cuerpos de seguridad pública, sino que ésta se dé con un fin complementario, en un marco regulado, con mecanismos de rendición de cuentas (fiscalización), y en un plano de subordinación de las fuerzas armadas a la Guardia Nacional, que es la titular de la seguridad pública, cuestiones que no se reflejan en la práctica y que quedan como meras "recomendaciones a seguir" respecto a la realidad.
El discurso versus la realidad
Además de que es difícil como ciudadano de a pie comprender cuáles son los efectos que la militarización de la seguridad pública tendrá, existe una brecha importante entre lo que se dice en el discurso político del Presidente y sus aliados, respecto a lo que realmente es, generando una falta de claridad importante para los principales afectados, que somos los civiles.
En esa línea, el 7 de septiembre, los gobernadores(as) y la Jefa de Gobierno de la CDMX, compartieron un comunicado en el que expresaron su absoluto respaldo al Presidente, enfatizando que “su visión humanista se manifiesta en que la nueva estrategia de seguridad atiende de manera prioritaria a los que fueron olvidados por los gobiernos neoliberales, resolviendo causas de desigualdad, política que es acompañada por un gran esfuerzo para profesionalizar a los cuerpos de seguridad”.
Como si fuera por arte de magia la eficiencia de la seguridad pública del país y la eliminación de la impunidad y la corrupción, mencionaron que han “dejado atrás los tiempos de la guerra; ya no existen acuerdos con los criminales, por lo que la Guarda Nacional no será una institución fallida como las de los gobiernos del pasado”.
Este tipo de argumentos, vacíos de significado, propician la desinformación y manipulan a la ciudadanía para seguir creyendo en un gobierno inepto que, lejos de atender los intereses de las personas, atienden los propios.
Además, cabe mencionar que la posición actual del Gobierno es inconsistente con la visión de la militarización que tenía López Obrador antes de ser presidente. En varias ocasiones, el actual mandatario se posicionó en contra de la estrategia de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto respecto al uso del ejército para tareas de seguridad pública.
En ese sentido, años atrás expresó que existía la necesidad de sacar de las calles del Ejército, debido a que éste no estaba preparado para la función de seguridad pública, además de que con éste no se podía resolver el problema de inseguridad y de violencia en el país. Asimismo, mencionó que el Ejército no debe ser utilizado para suplir “las incapacidades de los gobiernos civiles”.
Frente a esta inconsistencia de discursos, el Presidente se ha escudado bajo el argumento de que ha cambiado de opinión debido a que “ya vio el problema que le heredaron”. Más bien, como en muchos otros temas, en su narcisismo, considera que todo lo que sus opositores digan o hagan es inválido, mientras que, si él lo dice o lo hace, así se trate del mismo argumento o estrategia, es aceptable.
Más allá de la falta de congruencia en su actuar, es preocupante pensar acerca de cuáles son las verdaderas intenciones de sacar al Ejército permanentemente a las calles, teniendo como precedente esta estrategia fallida en otros lugares de Latinoamérica, que terminaron con democracias nulificadas, siendo sustituidas por regímenes autoritarios. Si bien esta preocupación parece una teoría de conspiración, el gobierno de López Obrador ha seguido los pasos de otros gobiernos latinoamericanos, que echaron a perder el progreso de sus países, destacando el caso de Venezuela y Bolivia, entre otros.
Algunas posibles consecuencias
Más allá de que la aprobación de la reforma tiene consecuencias legales serias, representando una violación al concepto de supremacía constitucional, que establece que todas las leyes tienen que estar alineadas a lo establecido en la Constitución, hay otras consecuencias relevantes.
En ese aspecto, una consecuencia es el riesgo de violación de derechos humanos por parte de los militares, en el cumplimiento de tareas de seguridad pública, que se da por una razón que explica muy bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso “Retén de Catia contra Venezuela". En este caso, la CIDH menciona que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.
En la misma línea, según el documento "La militarización: causando violación de derechos humanos", elaborado por la asociación “México Unido contra la Delincuencia”,
Entre el 1° de diciembre de 2006 y 30 de junio de 2019, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPH) analizó 268 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ejército, la Marina y la Policía Federal. A partir de dicho análisis se desprende un total de 301 casos y mil 712 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos: tortura, desaparición y ejecuciones extrajudiciales. En el 63.8% de los casos (192 de los 301 casos totales) las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) fueron los perpetradores. Esto significa que dos de cada tres casos de violaciones graves a los derechos humanos fueron cometidos por el Ejército o la Marina, dejando como saldo 763 víctimas. (MUCD, 2021, p. 3)
En ese sentido, los "posibles beneficios" a los que el gobierno apunta militarizando la seguridad pública, se ven opacados por los probables perjuicios de esta estrategia, ya que, hay un patrón que se repite indistintamente cuando se introduce al Ejército a tareas que son de naturaleza civil, que es la violación de derechos humanos.
Otra consecuencia que probablemente traiga la reforma en cuestión, es un aumento en los niveles de violencia. Como se dice coloquialmente, “la historia no se repite, pero sí rima”. En ese aspecto, vale la pena analizar los siguientes gráficos, elaborados por la asociación “México Unido contra la Delincuencia”, mostrado en su investigación “La militarización no detiene la violencia”, de la serie de documentos “La militarización de la seguridad pública: impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz”.
Esta gráfica expone que existe una clara relación positiva entre la variación de homicidios en el país y la presencia de militares en las calles.
Como se observa, en los años en los que ha aumentado la cantidad de efectivos desplegados por la SEDENA, también han aumentado de modo proporcional los homicidios registrados.
Asimismo, en esta segunda gráfica, expuesta en el mismo documento, se presencia que también existe una relación positiva entre la fluctuación de efectivos militares y delitos como la extorsión y detenciones ilegales, que se incluye dentro de los delitos contra la libertad personal.
Que exista una relación positiva entre estos factores implica que, cuando los efectivos desplegados por la SEDENA aumentan, también aumentan el número de extorsiones y delitos contra la libertad personal, y viceversa.
¿Qué alternativa se tendría que implementar para mejorar la seguridad pública del país?
Si la militarización de la seguridad pública no es una solución adecuada ni viable para mejorar las condiciones de violencia del país, la respuesta está en las instituciones civiles que fueron creadas y facultadas para dar seguridad a la ciudadanía.
En ese sentido, es necesario dotar a los cuerpos policiales, tanto a nivel municipal como estatal, de las herramientas, el presupuesto y la infraestructura para poder hacer frente a su labor, con el fin de que no sólo estén preparados para los retos que implica su trabajo, sino para devolverles la credibilidad y confianza de la ciudadanía.
Esto implicaría dotarlos de una inversión pública considerable, a largo plazo, con la intención de que el retorno de inversión se traduzca en beneficios que tal vez no sean inmediatos, pero que sí sean consistentes y que mejoren las condiciones de violencia insostenibles que se ven en el país, las cuales, lejos de decrecer, han incrementado sustancialmente en los últimos años.
Asimismo, es necesario establecer mecanismos de medición para determinar cuáles son los resultados de las estrategias implementadas en materia de seguridad pública, con el fin de eliminar las menos efectivas. En esa línea, es importante mencionar que la Guardia Nacional “carece de mecanismos de supervisión independiente, control de confianza, la carrera policial y los mecanismos de evaluación y certificación de sus elementos” (MUCD, 2021, p. 3), por lo que, con nulas métricas de rendición de cuentas, los resultados son y serán nulos y la mejora en la seguridad pública será inexistente.
Dado el contexto actual, la responsabilidad como ciudadanos está en buscar información confiable, entender cuáles han sido los efectos pasados de este tipo de estrategias para poder vislumbrar cuáles serán los efectos futuros, y ser mucho más exigentes en cuestión de rendición de cuentas con quienes gobiernan al país, sobre todo, teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales son en dos años y que, el voto, así sea útil, sirve para demostrar la inconformidad con las políticas implementadas durante este sexenio.
Por otro lado, la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mantener un criterio autónomo del gobierno y la política, reflejado en defender el Estado de Derecho, rechazando cualquier reforma legal que no esté alineada con la Constitución. En este aspecto, habrá que ver en las siguientes semanas cómo se desenvuelve el tema, esperando que los legisladores emitan una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma, con la intención de que la Corte resuelva que no es constitucional. El resultado de esta historia será determinante para todos los mexicanos y revelará para quién trabajan los ministros, ya sea para México o para el Presidente.
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