Por Regina Ardavín Castro.
En el contexto del inicio del ciclo escolar 2022-2023, que recién comenzó, es necesario analizar en dónde está parado México en términos educativos, especialmente después de casi dos años de confinamiento que se podrían considerar “perdidos” en materia educativa, dejando a miles de alumnos con grandes brechas de conocimiento.
Más allá del efecto inmediato que la pandemia tuvo en esta cuestión, lo más importante es tener claro que la educación es un pilar del desarrollo a largo plazo, es decir, ésta es la base sobre la cual los niños de hoy tendrán mayores herramientas en el futuro, que se traducirán a abundancia o escasez de oportunidades laborales competitivas en su adultez.
En ese aspecto, según la OCDE, “en muchos países, las grandes diferencias en el nivel educativo pueden aumentar la desigualdad de ingresos. En México, en 2018, el 32% de los adultos de 25 a 64 años, con un nivel de estudios inferior a la educación media superior, ganaban la mitad o menos del ingreso medio”.
Asimismo, hablar de educación es necesario si se busca que México se vuelva un país con mayor capacidad de generación de riqueza, mayor cantidad de empresas y empleos y, sobre todo, con una mejor calidad de vida para todos sus habitantes, no sólo para un sector privilegiado.
Una educación adecuada para la población es sinónimo de inversión en el presente y en el futuro, y es, junto con el acceso a una buena alimentación y a condiciones de salud favorables, un ámbito indispensable para formar personas con la capacidad de pensar por sí mismas, lo cual, de lograrse, favorece no sólo a los individuos, sino a la sociedad en conjunto, fortaleciendo en última instancia la vida democrática de un país y sus instituciones.
México en términos educativos
Incluso antes de la pandemia, según el Índice de Pobreza de Aprendizaje, publicado por el Banco Mundial en 2019, cuatro de cada diez niños de 10 años en México padecían pobreza educativa, es decir, no podían leer y comprender un texto corto apropiado para su edad. Dicho contexto refleja que ya existía una crisis educativa independiente de la pandemia, aunque ésta probablemente se exacerbó durante el confinamiento por COVID-19, debido a la incapacidad del sistema educativo de adaptarse adecuadamente a las necesidades de los niños.
Si bien no se sabe exactamente cómo ha cambiado esa cifra después de la pandemia, Jaime Saavedra, director global de Educación para el Banco Mundial, mencionó en marzo de este año, que podría haber aumentado en hasta 20%.
La estimación del BM de pobreza educativa en 2019 es consistente con los resultados que México obtuvo en la prueba PISA del 2018, misma que se enfoca en aquellas habilidades que son consideradas relevantes y predictoras del éxito futuro de los estudiantes, ya sea que continúen con sus estudios en posteriores niveles educativos o que inicien su vida laboral. (Maldonado, Nexos, 2021).
Según la OCDE, los estudiantes mexicanos obtuvieron en dicha prueba un puntaje por debajo del promedio en lectura, matemáticas y ciencias. Solo el 1% de los estudiantes mexicanos obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos (nivel 5 o 6) en al menos un área (mientras que el promedio de la OCDE fue de 16%), y el 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia (Nivel 2) en las 3 áreas (en tanto el promedio de la OCDE fue de 13%).
Es importante mencionar que el nivel socioeconómico fue un fuerte predictor del rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias. Los estudiantes aventajados en México superaron a los estudiantes desaventajados en lectura en 81 puntos en la prueba PISA 2018.
En esa línea, según México Cómo Vamos, en el índice de Progreso Social Global del 2021, México ocupó el lugar 124 de 168 en materia de acceso equitativo a educación de calidad, lo cual es sumamente preocupante, debido a que el acceso a una buena educación para todos es uno de los cimientos de la movilidad social a largo plazo.
Además, la disparidad en la calidad educativa, ligada al nivel socioeconómico de las familias, se evidenció durante la pandemia, debido a que las herramientas disponibles para que los niños continuaran con sus estudios dependían del contexto familiar, por lo cual creció la brecha educativa entre quienes tenían acceso a una educación privada y a un espacio y herramientas adecuadas para el estudio remoto, versus quienes sólo disponían de una televisión para suplir la educación de varios miembros de la familia.
Sumado a eso, los indicadores educativos tienen una tendencia desigual a lo largo del territorio nacional, en el que la principal beneficiaria es la capital del país. En ese sentido, existe una diferencia entre la educación que se recibe en las grandes ciudades y el resto de las ciudades y estados, por no mencionar los territorios rurales, en los que las condiciones educativas son aún más complejas, lo cual genera disparidades importantes en las oportunidades que tendrán los niños en el futuro, según el lugar donde hayan nacido y en el que se hayan educado.
Por otro lado, la falta de infraestructura institucional para hacer frente de manera adecuada a la pandemia en el contexto educativo, combinada con los estragos económicos que vivieron varias familias, llevó a un número significativo de niños y jóvenes a la deserción escolar, lo cual, no sólo tiene efectos a corto plazo, sino que puede generar un impacto prolongado en su desarrollo.
En ese aspecto, según la Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación del INEGI, de las 33.6 millones de personas entre 3 y 29 años inscritas en el ciclo escolar 2019-2020, 5.2 millones no se inscribieron en el siguiente ciclo (2020-2021) y más de 737,000 no lo concluyeron.
Según los datos de la Encuesta, de los niños que no acabaron el ciclo por razones de COVID-19 (435 mil), el 28.8% no acabó porque perdió el contacto con sus maestros o no pudo hacer sus tareas, el 22.4% reportó no acabar porque en su familia alguien se quedó sin trabajo o se redujeron los ingresos, el 20.2% porque su escuela cerró definitivamente, el 17.7% porque no contaba con algún dispositivo con acceso a internet, el 15.4% porque las clases a distancia no eran funcionales para su aprendizaje, el 14.6% porque sus padres o tutores no podían estar al pendiente del niño, y el 16.6% por otras razones. (INEGI, 2022, p.16)
Ahora bien, adicionalmente a los que no concluyeron por un tema relacionado al COVID-19, 65 mil no concluyeron específicamente por falta de recursos, 49 mil porque tenían que trabajar y 188 mil por otras razones no especificadas. (INEGI, 2022, P.17)
Por el lado de los que sí continuaron sus estudios, a pesar de que hay estadísticas de INEGI de cuántas horas aproximadamente dedicaron los estudiantes a sus labores escolares, más o menos horas no necesariamente están correlacionadas a más o menos aprendizaje.
En una anécdota personal, a pesar de que en mi privilegio pude continuar estudiando la universidad y dedicando el mismo número de horas a mis estudios que antes, la absorción de información en clases online definitivamente no fue la misma que en clases presenciales, incluso teniendo todas las facilidades para tomar mis cursos. El propósito de contar esto es ilustrar que, definitivamente, en mayor o menor escala, todos los estudiantes vieron comprometida la calidad de su aprendizaje, por lo cual, el porcentaje de niños o jóvenes que sí permanecieron en su curso escolar no necesariamente refleja que sí aprendieron de manera idónea.
Donde está el presupuesto, están las prioridades
Con los datos mencionados, ya se ha vislumbrado cuáles son algunas de las características del contexto educativo en México actualmente. Las cifras presentadas dejan mucho que desear y, para cambiar la situación, se requiere inversión pública.
Así como en la vida personal se dice “una acción vale más que mil palabras”, en el ámbito público aplica “el ejercicio del presupuesto vale más que mil discursos”. En este sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que incluye cómo se distribuyen los recursos públicos, es un reflejo de cuáles son las prioridades del gobierno y, en el caso del gobierno actual, la educación no parece ser un rubro relevante, a pesar de que el discurso sugiera lo contrario.
Dentro de la clasificación Funcional del Gasto Programable, el total de los recursos presupuestales aprobados de la Función Educación y de la Subfunción (SF) Educación Básica para el actual ejercicio fiscal es equivalente a 3.1 y 1.9% del PIB, respectivamente (CIEF, 2022, p.5). Estas cifras reflejan a un gobierno que no invierte en el capital humano del futuro del país, ya que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomienda que el gasto público en materia educativa en México sea de entre el 4 y el 6% el PIB, siendo el promedio de inversión pública en materia educativa de los países de la OCDE de 4.9% en 2018, según datos del Banco Mundial.
Es importante mencionar también que, el presupuesto destinado a la educación, ha disminuido en los últimos años. Entre 2019 y 2022, la Subfunción de Educación Básica ha registrado una caída de 1.5% de recursos asignados y, desde el 2014, el gasto educativo tiene una reducción promedio de 1.1% real cada año.
En cuanto al presupuesto educativo de este 2022, el monto asignado a este rubro representa el 3.1% del PIB, el nivel más bajo desde el 2010, refieren cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Por otro lado, si se compara el presupuesto para educación contra el que está destinado a otros sectores, se observa que la prioridad del gobierno actual está en gastar en lo que genera capital político a corto plazo.
Prueba de ello es que el gasto para pensiones proyectado para 2022 es de 1.4 billones de pesos, es decir, casi lo doble que el gasto educativo, equivalente al 5.1% del PIB. Contrario a lo que pasa en el rubro de educación, el gasto en pensiones ha aumentado en promedio 6.5% real anual desde 2015, según refiere el CIEP.
Asimismo, Sectur, encargada de la construcción del Tren Maya a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), pasó de tener destinados originalmente 31 mil 311 millones de pesos a 52 mil 212, es decir, 20 mil 901 millones de pesos más.
Otro caso más es la CFE, que, a pesar de reportar pérdidas, se vio beneficiada con 44 mil 332 millones de pesos más, al pasar de 210 mil 948 a 255 mil 280 millones de pesos. Y, por último, la Secretaría de Energía (Sener), que tiene bajo su supervisión la construcción de la refinería Dos Bocas, vio un aumento sustancial en sus finanzas, de 45 mil 953 millones de pesos, los cuales, al igual que en el caso de la CFE, superan al presupuesto recortado a salud y educación juntos.
Estos números dicen por sí mismos cuáles son las prioridades de este gobierno y hacia dónde va México. Lejos de estar encaminado a volverse un país más desarrollado, con personas más preparadas y con mejores herramientas, se está apostando a gastar en rubros y proyectos con nulo rendimiento financiero y social, que, lejos de generar una derrama sostenida para la población, acabarán siendo un despilfarro más, sin sustento a largo plazo.
Por si fuera poco, no sólo ha disminuido consistentemente el presupuesto educativo para destinar esos recursos a causas menos importantes, sino que, durante el primer semestre de 2022, la SEP ejerció 24 mil 927 mdp menos de lo programado, es decir, ni siquiera se han aprovechado los recursos que sí están disponibles para generar un beneficio a la población.
¿Cuál será el efecto de una pobre política educativa a largo plazo?
A nivel país, la OCDE estima que en los próximos 80 años el rezago educativo le podría costar a México un monto acumulado de hasta 136% del PIB de 2019.
Además, lejos de ir en el camino correcto, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el plan de estudios del programa piloto para preescolar, primaria y secundaria, que inicialmente se aplicará sólo en 30 escuelas, pero que comprende una cosmovisión de la educación sumamente cuestionable.
De manera específica, se enuncia que “No se busca enseñar conocimientos, valores y actitudes para que las niñas, niños y adolescentes se asimilen y adapten a la sociedad a la que pertenecen; tampoco es función de la escuela formar capital humano desde la educación preescolar, primaria y secundaria hasta la educación superior para responder a los perfiles que establece el mercado laboral” (Anexo del Acuerdo número 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, 2022, p. 15 y 16)
Esa visión de la educación, disfrazada de una perspectiva romantizada de la formación humana enfocada en la “emancipación individual” (p.74), lejos de sacar adelante al país, condenará a las generaciones futuras a la incompetencia frente a un mercado global competitivo, que exige que los niños de hoy tengan las bases necesarias para incorporarse a un mundo en el que se requieren habilidades cada vez más sofisticadas.
Asimismo, contrario a lo que plantea el nuevo Plan de Estudios mencionado, la escuela sí tiene una función primordial de contribuir a la formación de niños y jóvenes capaces de adaptarse a la sociedad en la que viven, pues de no hacerlo, no podrán integrarse a su entorno, un aspecto fundamental bajo la premisa de que somos seres sociales que sólo se entienden en relación con los demás.
Este contexto corrobora que México no está yendo por el camino correcto en cuestión educativa y por ende, está comprometiendo no sólo su presente, sino su futuro. El reconocimiento de la educación como el pilar más importante para el desarrollo a largo plazo de un país, es fundamental para entender la importancia de enfocar recursos suficientes a este aspecto, bajo la premisa de que, invertir en los niños de hoy, es apostar por el lugar que ocupará México en el mundo el día de mañana.
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